Con una tasa de jugadores impulsivos muy inferior a la de la Unión Europea y sin ninguna evidencia de que los problemas derivados del juego en España puedan ser considerado algo ni mucho menos generalizado, Rafael Catalá ve totalmente innecesario prohibir la publicidad sobre las apuestas deportivas tal y como planea Alberto Garzón desde el Ministerio de Consumo.
El ahora asesor de Codere y anteriormente Ministro de Justicia durante el gobierno de Mariano Rajoy, considera que el enfoque que el Ministerio de Consumo está teniendo respecto al juego es muy negativo y no está contemplando ningún otro escenario más que el de la presión hacia el sector, que ya sufre bastantes regulaciones e imposiciones fiscales que no se exigen en otras áreas de la economía.
Consecuencias de prohibir la publicidad en el juego
Catalá tiene claro que si se lleva a cabo la iniciativa supondrá un auténtico lastre para un sector del que dependen muchos profesionales y que afectaría de manera directa en publicistas, locutores, desarrolladores de vídeos promocionales o gestores de perfiles en redes sociales entre tantos otros puestos de trabajo.
Otro apunte al que hace referencia Catalá es a la creación de empleo derivado del juego y a cómo contribuye a la recaudación fiscal. En los locales de apuestas se necesitan camareros, cocineros, personal de limpieza, jefes de sala, electricistas, fontaneros, o repartidores que les lleven los productos.
En la entrevista concedida a Europa Press, Rafael Catalá recalcaba el punto de vista tan desconfiado y negativo que Alberto Garzón está mostrando y lo ve como un problema a la hora de buscar una solución.
Rafael Catalá entiende que la publicidad en las apuestas deportivas ha aumentado considerablemente estos últimos años y ve con buenos ojos algún tipo de limitación o regulación, pero es que las intenciones desde Consumo van hasta la prohibición casi absoluta.
El sector del juego sometido a mayores presiones
El sector del juego en España ha sufrido también, como la mayoría de sectores de la industria, en estos últimos meses. Los locales de apuestas físicos han permanecido mucho tiempo cerrados y a través de internet apenas se podía jugar puesto que los principales eventos deportivos se encontraban parados.
Del mismo modo Rafael Catalá advertía de cómo afectará a medios de comunicación y clubes deportivos dicha prohibición, que si ya normalmente en ambos casos se presentan cuentas bastante ajustadas, el perder una fuente de ingresos como es la publicidad de apuestas, les resultará muy nocivo a nivel financiero.
Rafael Catalá señalaba también cómo se ha mentido respecto al tema de los menores, que supuestamente accedían a las casas de apuestas de la calle y jugaban libremente. Las veces que se han montado operativos y se han llevado a cabo redadas, la presencia de menores ha sido prácticamente nula.
Una de las cuestiones que hacen dudar de la legitimidad del Real Decreto impulsado por Consumo es que en España el 45% del juego corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, unos 11.000 millones de euros. Estas entidades no sufrirían apenas ningún tipo de variación y podrían seguir publicitándose como hasta ahora. En el año 2018, 29 millones de personas hicieron uso del juego público y 6.6 millones del juego privado.
