Carlos Hernández Rivera, antiguo Director General de Ordenación del Juego desde mediados del año 2013 hasta finales de 2016 con Mariano Rajoy como Primer Ministro, está evaluando formalizar un recurso para tratar de detener la recién aprobada Ley que regula la publicidad del juego.
Carlos Hernández Rivera evalúa la presentación de un recurso
El motivo de actuar responde a que la nueva regulación es tan sumamente restrictiva que llega hasta prácticamente la total prohibición de la publicidad en casi todas las plataformas. Hernández Rivera colabora desde el mes de septiembre como asesor de Jdigital, la Asociación Española de Juego Digital, que engloba a varios operadores y agentes del sector y trabaja por sus derechos. En la actualidad más del 80% de los operadores de juego en línea que trabajan en España forman parte de Jdigital.
Por el momento la única información que se conoce al respecto es que está evaluando presentar un recurso y las posibilidades de éxito que podría alcanzar. Del mismo modo estaría prestando un servicio de ayuda a Jdigital para hacer frente al Real Decreto. Carlos Hernández es socio del Área de Mercados Regulados del estudio de Abogados DWF-RCD.
Estuvo al cargo de la DGOJ
Durante los años en los que el ya ex funcionario estuvo al frente de la DGOJ se produjo la apertura del mercado español al juego en línea. Posteriormente sería sustituido por Juan Espinosa García hasta que ya con Alberto Garzón como Ministro de Consumo, Mikel Arana pasaría a ocupar el cargo.
Juan Espinosa García elaboró un borrador que se llegó a presentar en el mes de febrero y que era mucho más permisivo que el Decreto que finalmente ha sido aprobado, además era un documento que contaba con el consenso y con la contribución de operadores del juego y otros agentes vinculados a la actividad.
Jdigital ve discriminación e injusticia
Las palabras de Andrea Vota, Director General de Jdigital, una vez se aprobó el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, fueron muy críticas con el mismo y lo calificó como discriminatorio, injusto y desproporcionado. Con el hándicap de que en España el juego es una actividad totalmente legal y regulada, y que siempre ha contado con el apoyo de los operadores quienes han mostrado su disposición y colaboración en todo lo que se les ha requerido.
Vota también indicó que el índice de población con algún tipo de patología derivada del juego en España se mantiene en el 0.3% de los individuos entre 15 y 65 años desde el año 2015, una de las tasas más reducidas en Europa sobre esta cuestión.
El calificativo de discriminatorio se debe a que el juego de dominio público permanece ajeno a esta restricción, de lo que se deduce o sospecha que haya un componente de tipo ideológico que esté por encima de las causas reales sobre las que deberían forjarse las leyes.
