La pelota vasca, un deporte que encarna la tradición y la identidad del País Vasco, se encuentra en el centro de una controversia que podría redefinir su futuro a nivel internacional.
La decisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) de aceptar a Euskadi como miembro de pleno derecho ha desencadenado un escándalo que involucra a federaciones nacionales, políticos y, sobre todo, a los propios pelotaris.
Este conflicto, que se ha gestado durante años, ha explotado en los últimos meses, dejando al deporte y a sus aficionados en vilo.
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Un deporte con raíces profundas
La pelota vasca tiene sus orígenes en el siglo XIII en el Reino de Navarra, donde se practicaba un juego similar conocido como el «juego de palma». Con el tiempo, este deporte se convirtió en un símbolo de la cultura vasca, extendiéndose por el norte de España y el suroeste de Francia. Históricamente, la representación internacional ha estado a cargo de federaciones nacionales, con España siendo una potencia dominante. Sin embargo, en el País Vasco siempre ha existido el deseo de tener su propia selección, reflejando su identidad cultural y deportiva única.
Este anhelo se intensificó en 2022, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una ley que permitía a las selecciones autonómicas competir internacionalmente en deportes con «arraigo histórico y social», como la pelota vasca. Esta ley abrió la puerta para que la Federación Vasca de Pelota (EEPF) buscara su reconocimiento internacional.
El evento clave: la decisión de la FIPV
El 28 de diciembre de 2024, durante una asamblea en Pamplona, la FIPV aprobó la solicitud de la EEPF para convertirse en miembro de pleno derecho. Esta decisión permite a Euskadi competir de manera independiente en eventos internacionales, incluso contra España. La votación fue controvertida. Mientras que federaciones como Argentina, Venezuela, México, Francia, Perú y Bolivia apoyaron la inclusión, Chile votó en contra, y Cuba y España no pudieron votar debido a la inhabilitación de sus representantes.
El presidente de la EEPF, Gotzon Enbil, calificó la decisión como un «hito para la pelota vasca», aunque reconoció que el camino no sería fácil. Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales celebró la noticia, afirmando que «la pelota vasca es un deporte que nació aquí y se ha extendido al mundo, y que nuestra selección pueda competir de forma oficial es un sueño hecho realidad».
La respuesta de la Federación Española
La Federación Española de Pelota (FEPelota), presidida por Javier Conde, no tardó en reaccionar. Junto con la Federación Cubana, interpuso una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el 13 de enero de 2025, impugnando los acuerdos aprobados por la FIPV. La FEPelota argumenta que la decisión viola los estatutos de la federación internacional y que se han cometido irregularidades en el proceso de votación.
Conde ha sido tajante: «No podemos aceptar chantajes ni amenazas. El CSD debe proteger a la Federación Española y liderar un diálogo constructivo». La situación se complicó aún más cuando la EEPF excluyó a La Rioja del torneo GRABNI, un evento de gran tradición, como respuesta a la demanda judicial.
Implicaciones para el deporte y sus aficionados
Este escándalo tiene profundas implicaciones para la pelota vasca. Por un lado, la selección de Euskadi podría debutar en el Mundial de Argentina en 2026 y en el de Bilbao y Gernika en 2030, eventos que generarían gran expectación. Sin embargo, la posible expulsión de España de la FIPV, si el conflicto no se resuelve, podría tener consecuencias devastadoras para el deporte a nivel nacional.
Los pelotaris también se encuentran en una encrucijada. Muchos jugadores vascos han representado a España en competiciones internacionales, pero ahora podrían tener que elegir entre su país y su comunidad autónoma. Esta división podría afectar a la cohesión del equipo y a la moral de los deportistas.
Para los aficionados, el escándalo ha generado una mezcla de emociones. Mientras que algunos celebran la posibilidad de ver a Euskadi competir bajo su propia bandera, otros temen que el conflicto debilite al deporte y aleje a los patrocinadores y al público.
Mediación y tensiones crecientes
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha intentado mediar en el conflicto, organizando reuniones entre las federaciones implicadas. Sin embargo, las negociaciones no han llegado a buen puerto. La FEPelota ha solicitado al CSD que paralice la impugnación ante el TAS y acepte una mediación, pero las tensiones persisten.
En un comunicado reciente, la FEPelota acusó a la FIPV y a la EEPF de «coerción» y de utilizar tácticas de presión para forzar un acuerdo. Por su parte, la EEPF ha defendido su derecho a competir internacionalmente, argumentando que cuenta con un «amplio respaldo social».
