El Decreto del Ministerio de Consumo dirigido por Garzón continúa imparable.
Las limitaciones a la difusión de la publicidad de casas de apuestas y juegos de azar en medios de comunicación entrarán en vigor el 1 de mayo, como consta en el Real Decreto de Garzón.
El Gobierno aprobaba el pasado 3 de noviembre el Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, el cual entraría en vigor un día más tarde, salvo ciertos artículos que se retrasarán hasta mayo de 2021.
El Tribunal Supremo rechazó la suspensión cautelar de la entrada en vigor el próximo 1 de mayo del artículo 23.1 del Decreto, solicitada por la Asociación de Medios de Información (A.M.I.). Dicho artículo, prohíbe la difusión de publicidad de operadores de juego en medios y servicios de la sociedad de la información, salvo en determinados supuestos.
Nuevas condiciones para proteger al público vulnerable
El artículo excepcionalmente permite la publicidad de operadores de juego cuando esta se realice en sus propias páginas web, aplicaciones o los medios de comunicación que hacen de soporte al juego de concurso, siempre que el acceso de menores de edad esté limitado.
También se permite la publicidad de actividades de juego en páginas web o aplicaciones cuya actividad principal sea la comunicación de acontecimientos deportivos o hípicos. Pero además, dichos espacios tendrán que cumplir con unas condiciones concretas de accesibilidad y difundir con claridad mensajes sobre juego seguro.
Las páginas web o aplicaciones que se ajusten a dichos criterios de contenido, podrán incluir una sección visiblemente diferenciada, dedicada a la oferta de información sobre apuestas, siempre que dicho apartado tenga un único acceso desde la página de inicio y cuyo enlace sea de dimensiones reducidas. Estos sitios también deberán contar con mecanismos para evitar el acceso a menores de edad.
El recurso de la A.M.I.
La Asociación de Medios de Información presentó en enero un recurso ante la Sala Tercera contra el Real Decreto, en el que solicitaba como medida cautelar el retraso de dicha prohibición hasta el 30 de agosto de 2021.
La patronal mostraba así su desacuerdo con las prohibiciones y limitaciones del Real Decreto al que tildó de “desproporcionado”, pidiendo un aplazamiento de cuatro meses para la entrada en vigor de las medidas impuestas en cuanto a la publicidad del juego en medios de comunicación.
Intereses enfrentados
El Tribunal Supremo ha respondido y no considera que haya razones convincentes para aplazar dichas medidas ni aprecia la magnitud de los daños y perjuicios que, en términos económicos, pueda causar la entrada en vigor del articulo 23.1 en su apartado correspondiente a las webs de contenido deportivo. El Supremo afirma que la aplicación de las nuevas condiciones no tiene por qué generar situaciones de imposible o difícil reparación.
La Sala cuestiona que la A.M.I. intente anteponer criterios de carácter económico ya que, según el Abogado del Estado en su escrito de oposición, lo que se está protegiendo con esta regulación del juego son intereses públicos especificados en el Preámbulo del Real Decreto, en concreto, reforzar la protección de los consumidores con el fin de evitar una adicción a la actividad de juego no responsable.
