El Director General de Ordenación del Juego, Mikel Arana, afirmaba que a los operadores de juego no les beneficia en nada tener a un ludópata de cliente. Desde el sector se está pasando por una situación muy delicada entre restricciones, acotación de la publicidad y el confinamiento.
El sector del juego presionado y acotado
Las casas de apuestas físicas, bingos y salones de juego llevan prácticamente 1 año cerradas, habiendo tenido algo de oxígeno algunos meses pero en todo momento sometidas a una fuerte regulación.
Esta situación difícil genera más enfado en una industria que se ha sentido atacada con el Real Decreto emitido por el Ministerio de Consumo, por el que la publicidad de los operadores privados queda restringida prácticamente a la nada.
El Ministro Alberto Garzón también ha sido duramente criticado por su actitud, que desde el sector se considera que es la de una persona que no conoce el impacto laboral que tienen todas estas empresas y las cantidades de capital que aportan a las arcas públicas.
Esta visión catastrofista que está dando el Ministerio contrasta bastante con las recientes declaraciones de Mikel Arana, que restaban preocupación al tema de la ludopatía tal y como venían advirtiendo desde el sector.
La ley de publicidad del juego ha sido desmedida
La respuesta de asociaciones como JDigital o los Sindicatos de Trabajadores de Salas de Juego en Valencia y Madrid ha sido contundente, ya que evidencian que estaban en lo cierto y que la ley que ha prácticamente acabado con la publicidad del juego, es totalmente desproporcional y hace un daño demasiado lesivo en cuestiones como los puestos de trabajo que se pierden, para hacer frente a un problema de una magnitud infinitamente menor.
Así como Mikel Arana defiende que hay que seguir luchando contra la ludopatía, afirmaba con certeza que la inmensa mayoría de gente que juega lo hace como una actividad de ocio sin que le suponga ningún problema de salud.
La misma DGOJ en 2015 elaboró un estudio de prevalencia que así lo exponía y el Plan Nacional de Drogas contabilizaba como es inevitable casos de ludopatía en España, pero en porcentajes que ni mucho menos suponían un problema para la salud pública.
Los operadores de juego por medio de distintas asociaciones consideran que estas declaraciones son una muestra de la arbitrariedad con la que ha sido elaborada la norma, y además advierten del riesgo que supone la falta de publicidad porque iguala las condiciones de los operadores legales que pagan impuestos y licencia para operar en España, de los operadores que lo hacen externos al marco legal.
El juego en España, de los más regulados del mundo
JDigital señalaba que el juego en España es uno de los más regulados del mundo, que las cosas se venían haciendo bien y que muchos países lo han tenido como referencia.
Con una tasa de juego problemático inferior al 0.5% entre la población de 15 a 64 años, no se puede hablar ni mucho menos de que exista un problema social, además considerando que la tendencia es a la baja desde 2015. El sector demanda proporcionalidad y equidad en función de los datos reales como los que ahora declara Mikel Arana y no del sesgo ideológico de un ministro de marcado talante populista.
Hay que tener en cuenta que el juego en España está regulado y para poder comercializar juego se exigen una serie de requisitos legales.
El sector del juego se posiciona en contra del ministerio
Iñaki Angulo, como portavoz de la Asociación de Trabajadores del Juego de la Comunidad de Madrid, no dudó en pedir el cese de Alberto Garzón puesto que su ley injustificada estaría haciendo daño a un sector que sólo en la comunidad de Madrid genera unos 9.000 puestos de trabajo.
Angulo añadió que el trabajo de la sensación de que no les importa en absoluto a estos políticos, sino que su única preocupación es imponer su agenda ideológica.
Por parte de la Unión de Trabajadores de los Salones de Juego de Valencia, Vicente Contreras solicitó por escrito al presidente de la Generalidad Ximo Puig, y a miembros del Partido Socialista, que pusieran fin a esta persecución ideológica que se promueve desde el Gobierno de España.
Fundamentándose en las declaraciones de Mikel Arana, Contreras les pidió que se opusieran a una ley que iba a destruir puestos de trabajo de muchos valencianos cuando no había ningún problema social.
Arana en sus declaraciones comentó que a las empresas no les interesa contar con ludópatas entre su clientela porque dañan la imagen del sector. Añadió también que se han producido reuniones de la DGOJ con todos los operadores que trabajan en España en las que éstos han manifestado su descontento, el daño que se le está haciendo al sector y la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear.
